CIUDAD DE MÉXICO.- México superó el lunes el registro de los 100.000 desaparecidos en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias.
Aunque se esperaba desde hace semanas, el anuncio de la Secretaría de Gobernación generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos que exigieron al gobierno que tome acciones “urgentes” y “contundentes” para atender lo que consideraron como una “grave crisis de desapariciones e identificación humana”, la impunidad y los altos niveles de violencia generalizada.
El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas de 1960 y 1980, pero las cifras se dispararon a partir de la década de 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los carteles que emprendió el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
“Exigimos que se atienda esta crisis de forma integral e inmediata en proporción a este desgarrador número de personas desaparecidas”, afirmó el lunes el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a varias decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas, al manifestar alarma por la cifra.
La organización exhortó al gobierno adoptar las recomendaciones que realizó el mes pasado el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, que pidió a las autoridades mexicanas tomar “medidas inmediatas” para poner fin a la “alarmante tendencia al alza de las desapariciones forzadas”, entre ellas de niños, adolescentes y mujeres, algo que consideraron como una “tragedia humana”, y que aseguraron que es alentada por una “absoluta impunidad”.
Tras el informe del Comité de la ONU, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la actuación de su gobierno para atender la crisis de los desaparecidos y dijo que “ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, la impunidad”.
Durante sus más de tres años de mandato, el mandatario ha incrementado la participación de los militares en las labores de combate a las organizaciones criminales, una política que ha sido cuestionada por las organizaciones humanitarias y expertos, que le han instado a abandonarla.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías estatales y les exigió en un comunicado que “asuman sus responsabilidades de forma cabal en materia de búsqueda e investigación, y trabajen concertada y firmemente con las familias y otras autoridades”.