Diputados dan 2 años más a presidencia de Zaldívar en SCJN

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados, aprobó sin cambios, la polémica minuta del Senado con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a través de un artículo transitorio, amplía dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Consejo de la Judicatura.

El transitorio agregado de última hora por los senadores, señala que el presidente de la Corte terminará su encargo hasta el 30 de noviembre de 2024, con el propósito de quedarse a implementar la reforma judicial.

En lo general, la norma pasó apenas con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones.

El debate de la llamada “Ley Zaldívar” duró poco más de 10 horas.

La sesión ordinaria en su conjunto, más de 22 horas continuas.

El tema dividió a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados.

Siete morenistas se pronunciaron en contra y prácticamente todos los integrantes de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), también se opusieron.

En lo particular, la votación fue de 262 a favor, 182 en contra y siete abstenciones.

Lo aprobado será turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Los congresistas presentaron 553 reservas con propuestas de cambio que fueron rechazadas, de las cuáles, 432 fueron presentadas por una sola legisladora, la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Frida Esparza.

En su reaparición en San Lázaro, a más de un año de aislamiento social a causa de la pandemia por coronavirus, el expresidente de la Mesa Directiva y legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, se pronunció en contra del proyecto al que llamó “patético” y “relección disfrazada”.

El congresista confrontó al líder de su bancada, Ignacio Mier, quien justificó la reforma, al admitir que la mayoría optó no por privilegiar el derecho, sino la justicia y “lo necesario” para la realidad que vive el país.

“El conservadurismo opta por el derecho, el liberador y somos parte de un movimiento liberador, opta por la justicia, por la felicidad y por lo que es necesario. Y no nos pida a sus compañeros, con todo respeto, que optemos por el derecho, porque estaríamos sumándonos a ese derecho que no garantiza lo justo, que no garantiza la felicidad”, atajó Mier Velazco.

Muñoz Ledo reviró al señalar que esa postura, es propia de la filosofía de siglos pasados donde se postuló que “el fin justifica los medios”.

“Quienes dicen que la justicia está antes que el derecho, se remontan a una teoría del Siglo XV, del señor Maquiavelo que decía que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios, es el origen de todas las tropelías, de todas las invasiones, de todas las vejaciones al ser humano, quien lo dice, ¡se autocondena!”, respondió el expresidente del Congreso de la Unión.

En el debate, los legisladores de Morena admitieron que la llamada “Ley Zaldívar” será impugnada ante la propia Suprema Corte, cuyo presidente, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, por honor, seguramente se excusará.

“Con el asunto de exigirle al ministro de la Corte que se pronuncie, ¿creen que es tonto? ¡Tonto es el que cree que el ministro es tonto! Pues cuando le llegue el expediente con la controversia, para empezar, se los anticipo, por su honorabilidad se va a excusar, porque va dirigido hacia él el transitorio. Se va a excusar, van a resolver los demás, inconstitucional, se convoca y listo”, anticipó el morenista Rubén Cayetano.

Al inicio del largo debate, en un intento fallido de impedir la aprobación del proyecto, las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) lanzaron mociones suspensivas que fueron rechazadas.

Advirtieron que los cambios representan la “sumisión al Ejecutivo” y un “fraude a la ley”.

Se refirieron al décimo tercer transitorio como “la manzana envenenada” y la “papa caliente” del proyecto.

“Es increíble el nivel de sumisión que pudiera existir en este momento, en un momento histórico, en el que se pretende a través de un transitorio de una ley secundaria, entrometerse en la vida del Poder Judicial, esto es un golpe legislativo, y no nos hagamos, es un golpe legislativo ordenado desde el Ejecutivo”, advirtió el diputado panista José Elías Lixa.

Al presentar el dictamen, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rubén Cayetano, afirmó que las modificaciones ponen al Poder Judicial a la altura de los retos que presenta el país.

En respuesta, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, calificó el artículo décimo tercero transitorio como “la manzana envenenada” de la reforma.

Coincidió con el coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Romero, al señalar que la legislación tiene dedicatoria especial para el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, al que retaron a desmarcarse.

“Hoy hago un llamado comedido al criterio prudencial del ministro Zaldívar, porque es momento de definirse: o está con México y la Constitución o está con el Presidente. Se tiene que desligar, por dignidad personal, dignidad ética, dignidad legal y dignidad institucional. ¿Se va a arrodillar ante el Presidente de la República o va a privilegiar la altura de mira que tenemos todos nosotros? Y hoy queremos ver la estatura en todo esto”, emplazó el diputado Romero Hicks.

La reforma llamada por la oposición como “Ley Zaldívar” integra disposiciones para desarrollar el servicio de carrera en el Poder Judicial, con el fin de profesionalizar su actuación y mejorar las condiciones administrativas y laborales de sus integrantes.

Contempla políticas internas para reforzar el combate a la corrupción, el nepotismo, el abuso y acoso sexual, así como el abuso de poder en el ámbito judicial; así como mejorar la defensoría pública, para hacer la justicia más accesible a la ciudadanía.

Los servidores públicos que incurran en acciones ilegales y faltas, serán sancionados con la pérdida de beneficios y prestaciones económicas, apunta.

La norma obligará a los integrantes del Poder Judicial a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, entre otras medidas.

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